Implantación de la nueva normativa sobre precios de transferencia en España. Ejemplos de aplicación en empresas del sector cerámico

Abstract

[ES] Con el fin de clarificar la materia sobre la que versa el presente Trabajo Final de Carrera (en adelante TFC), comenzaremos dando una definición del término Precios de transferencia: Dentro del mundo empresarial, el precio de transferencia es el precio que pactan dos empresas que pertenecen a un mismo grupo empresarial o incluso una empresa con personas físicas vinculadas (a este tipo de transacciones se les denomina Operaciones Vinculadas). Mediante este precio se transfieren utilidades entre ambas partes, y una le puede estar vendiendo más caro o más barato, a diferencia del precio mercado. Por lo tanto, el precio de transferencia no siempre sigue las reglas de la economía de mercado, es decir, no siempre se regula mediante la oferta y la demanda, o como veremos en el desarrollo del TFC, no cumplen con el principio Arms Length (Principio de plena competencia). Las normas sobre precios de transferencia buscan evitar que empresas vinculadas o relacionadas (casa matriz y filiales, por ejemplo) manipulen los precios bajo los cuales intercambian bienes o servicios, de manera que incrementen sus gastos, o disminuyan sus ingresos gravables, en definitiva minorando la base imponible en el impuesto sobre sociedades. El principio Arms Length, así como otros conceptos clave en el campo de los precios de transferencia como por ejemplo el Análisis funcional, el Análisis de comparabilidad y los Métodos de valoración, todo ellos estudiados en profundidad en el presente TFC, tienen su origen en las Directrices de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico), que han servido de guía para todos los países del mundo que cuentan con regulación en esta materia. El número de países que cuenta con estrictos regímenes reguladores de los precios de transferencia ha crecido significativamente en la última década y lo continúa haciendo actualmente. Las autoridades fiscales de los principales países han desarrollado reglamentaciones sobre precios de transferencia, normalmente acompañadas con obligaciones documentales y estrictos regímenes sancionadores. La Legislación Española de Precios de Transferencia ha sufrido recientemente importantes modificaciones, como la inversión de la carga de la prueba, ahora en manos del contribuyente, la incorporación de requisitos específicos de documentación y un nuevo régimen sancionador. El régimen actualmente en vigor fue introducido por la Ley 46/2006, y desarrollado reglamentariamente mediante el Real Decreto 1793/2008 y es aplicable a todas las operaciones vinculadas realizadas por entidades residentes en España a partir del 19 de Febrero de 2009. Los aspectos más relevantes se resumen en: - Todas las operaciones vinculadas realizadas por entidades residentes en España deben ser valoradas de acuerdo con el precio de libre competencia: Los términos y condiciones establecidos en las transacciones realizadas con entidades vinculadas deben ser los mismos que los que se hubieran pactado entre entidades no vinculadas en iguales condiciones. - La Administración Tributaria podrá ajustar los beneficios obtenidos por las entidades residentes en España si no cumplen con el principio de libre competencia. - La carga de la prueba está en manos del contribuyente, que está obligado a aplicar uno de los métodos de valoración (Precio Libre Comparable, Coste Incrementado; Precio de Reventa, Distribución del Resultado y Margen Neto del Conjunto de Operaciones) establecidos por la Ley a fin de demostrar que se ha cumplido con el principio de libre competencia. - La documentación prevista en la normativa debe ser preparada y mantenida por el contribuyente, que deberá ser facilitada a la Administración Tributaria si esta lo requiere o en caso de inspección fiscal. - Se ha introducido un nuevo régimen sancionador específico, el cual penaliza los datos omitidos, incorrectos o falsos en relación a los requisitos de documentación de precios de transferencia establecidos en la normativa.