Resumen:
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[ES] Este trabajo final de carrera está centrado en examinar el impacto que puede tener
en la Comunidad Valenciana la implantación de la nueva Directiva Europea sobre
salud transfronteriza.
Generalmente la población ...[+]
[ES] Este trabajo final de carrera está centrado en examinar el impacto que puede tener
en la Comunidad Valenciana la implantación de la nueva Directiva Europea sobre
salud transfronteriza.
Generalmente la población prefiere ser atendida en su centro de salud u hospital
más próximo por razones de comodidad y cercanía a la hora de desplazarse, tanto
para el paciente como para sus familiares. Pero en algunos casos es más
conveniente desplazarse al extranjero, por ejemplo cuando se requiere asistencia
altamente especializada o en las zonas fronterizas donde el centro más próximo se
encuentra al otro lado de la frontera. La asistencia médica en el extranjero también
puede beneficiar a los pacientes en listas de espera o que no disponen de
tratamientos especializados en su país.
El Sistema Nacional de Salud que disfrutamos en España, garantiza la atención
sanitaria de carácter urgente a cualquier ciudadano que se encuentre en nuestro
territorio, independientemente de su situación económica y de su afiliación a la
seguridad social.
En el caso de la Comunidad Valenciana, lugar de nuestro estudio, la implantación
de la Directiva puede tener un gran impacto, por ser ésta un importante destino
turístico para los europeos, y por las colonias de extranjeros comunitarios que
viven permanentemente aquí. El sol, la tranquilidad, una calidad de vida más alta y
a menor precio, son las principales razones para que muchos jubilados del norte y
centro de Europa vengan vivir a la Comunidad Valencia de forma indefinida.
Este tipo de extranjeros residentes al tener una edad más avanzada utiliza con
frecuencia el sistema de salud valenciano. Esta situación afecta principalmente a
Alicante, la provincia con mayor número de residentes europeos de toda España,
según datos del INE 293.293 personas en el año 2011.
Este sistema de atención universal, fruto del Estado de Bienestar, supone para la
población un aumento de su calidad de vida, pero también comporta un gasto
importante para la Generalitat Valenciana, ya que facilitan un mayor número de
prestaciones sanitarias a ciudadanos comunitarios, que en muchas ocasiones no
son facturadas, tal y como pone en evidencia el Tribunal de Cuentas.
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