El alcance de la Ley de Transparencia en el ámbito local: la transparencia aplicada a los concejales

Abstract

[ES] El proyecto consiste en el análisis del concepto de transparencia conforme viene preceptuado en la legislación existente. Se pretende analizar si las premisas de las que se parte coinciden con los fundamentos propios de un estado democrático o si, por el contrario, la cuestión de la transparencia en la gestión no debería únicamente ceñirse al imperativo legal. En un primer lugar, se realiza un análisis del principal corpus jurídico, la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIPBG). En dicho análisis se analiza los antecedentes argüidos para construir su marco jurídico, el fundamento constitucional y el conjunto completo del articulado de dicha ley desglosado cada uno de los títulos y capítulos que contiene. Con todo ello se pretenden destacar sus aspectos novedosos en relación a la regulación existente en la materia y sus aspectos sujetos a crítica tanto desde el punto de vista del desarrollo legal como del enfoque del que se parte. En definitiva, el análisis de la normativa pretende establecer el contenido que dicha regulación da a la transparencia y al acceso a la información. Con esto vamos a determinar la filosofía jurídica subyacente de transparencia y, por ende, la filosofía formal implícita en todas las organizaciones que se dediquen a la gestión pública. Nuestro enfoque es que la regulación legal es necesaria pero debe superar la simple apariencia de transparencia. Para ello, situar el tratamiento normativo de la transparencia y evaluar entonces la necesidad o no de un cambio en la percepción de la misma. Se trata de determinar si el enfoque se basa en un mecanismo para luchar contra la mala práctica para así someter a los autores a una vigilancia constante o si se trata de una función esencial e indispensable para todo aquel que tenga relación directa o indirecta con la gestión pública para dar garantía de confiabilidad como gestores mostrando que es posible confiar en ellos y encomendarles la gestión de los recursos públicos. Optar por la segunda opción implica una visión de transparencia que vaya más allá de un enfoque limitador de la corrupción sino relacionado directamente con el concepto de democracia representativa. Se trata de una perspectiva que se presenta como un pilar necesario para la regeneración de la misma y como un elemento indispensable para que los ciudadanos recuperen la confianza en sus representantes y en aquellos a los que se le encomienda la gestión de los recursos que aportamos entre todos. Concluiremos el proyecto centrándonos en la aplicación de la ley al ámbito local, en concreto en los Concejales, para determinar si el escenario que se obtendrá tras la entrada en vigor completa de la misma cumple con la visión de transparencia que todo estado democrático debe perseguir.