Análisis de la situación económico-financiera de las artes escénicas en España

Abstract

[ES] La realidad social y económica en España se ha visto fuertemente agitada durante los últimos años. Desde una perspectiva empresarial, la contracción de la economía que se inició en el ejercicio 2008 ha provocado una grave tendencia negativa de la producción interior debido principalmente a la reducción de la demanda. Por lo tanto, las personas jurídicas reducen sus beneficios y sus márgenes, adolecen de menores necesidades de mano de obra y en ocasiones, el negocio resulta insostenible y deben cerrar sus puertas. Este hecho ha sido palpable en la mayoría de sectores de actividad de nuestro país. No debemos dejar de lado la situación de los consumidores, de los hogares y de las familias. El desempleo alcanzó cifras de record en 2012, superando los 6 millones de parados. Las condiciones laborales también se han visto afectadas, con salarios reducidos y menores ingresos por prestaciones al desempleo. Los servicios públicos y las ayudas a las familias se han reducido notablemente, incidiendo negativamente la calidad de vida de la población, pese a que esta reflexión sería objeto de un estudio totalmente diferenciado, que escapa a la órbita de este proyecto. En este caso, considerar que la reducción en los ingresos de los ciudadanos provoca que la proporción dedicada al ahorro aumente en detrimento de la proporción destinada al consumo. Pero las consecuencias derivadas de dichos factores macroeconómicos han venido acompañados de fuertes medidas restrictivas impuestas por los poderes públicos. Concretamente las artes escénicas, con una preocupante dependencia del sector público, constatan uno de los ejemplos más visibles de la aplicación de dichas políticas públicas. El acceso a la cultura y el desarrollo de las diferentes disciplinas y actividades artísticas es un derecho fundamental, reconocida a nivel internacional en documentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) o en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (2000), así como en la Constitución Española del año 1978. Como se ha mencionado, el sector de las artes escénicas se encuentra altamente supeditado a los recursos públicos. En su evolución más reciente las diferentes administraciones públicas han prestado soporte mediante la rehabilitación de infraestructuras, la gestión y programación de los espacios escénicos bajo su titularidad (alrededor del 75% del total nacional) y aportando recursos económicos al sector privado. Desde el inicio de la crisis, la concentración geográfica del sector en Madrid y Barcelona, la fragilidad del sector y la reducción de los presupuestos destinados a la cultura han provocado que las estadísticas hayan caído en picado. Los indicadores culturales se retraen, los espectadores dejan de asistir a estas actividades, la recaudación se reduce considerablemente, numerosos espacios escénicos deben cesar su actividad, el gasto público en cultura se reduce, desciende la oferta debido a la menor programación de los recintos públicos, el sector privado no es capaz de asumir dicho déficit de oferta, las subvenciones se reducen en número y cuantía y aparece la morosidad en el pago de las representaciones a las compañías, entre otros efectos constatables. Añadamos entonces que en el año 2012 no sólo se produjo un incremento de los tipos impositivos sobre el valor añadido, si no que determinadas actividades cambiaron su categoría tributaria, pasando del reducido al general. Éste fue el caso de los tipos impositivos aplicables a las artes escénicas, que cambiaron el 8% al que venían sujetas por el nuevo tipo general del 21%, lo que representa un incremento del 162,5%. La clara intención recaudatoria de la medida no hizo más que castigar los márgenes de las empresas del sector, reduciendo su capacidad productiva y de exhibición, así como acrecentar los impactos descritos en el párrafo anterior, ya que la recaudación pública también se reduce indirectamente mediante las tributaciones por el Impuesto sobre Sociedades o el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Por todo ello se debe reevaluar el modelo de financiación de las empresas del sector, apostando por alternativas que no están consolidadas en nuestro país, pero que con el soporte adecuado por parte de los poderes públicos pueden comenzar el proceso de descentralización del servicio y la progresiva desvinculación del sector público en la mayor medida posible, buscando el equilibrio y combinando ambas fuentes de financiación (pública y privada). Entre ellas podemos observar el crowdfunding, el mecenazgo, los Business Angels o los préstamos participativos.