Evaluación de la garantía de suministro de agua a la agricultura. Una aplicación a la cuenca del Guadalquivir

Abstract

[ES] Los criterios de asignación de agua destinada al regadío influyen decisivamente en la vulnerabilidad a sequías hidrológicas en la Cuenca del Guadalquivir. El Plan Hidrológico de la Cuenca define específicamente los objetivos de garantía de suministro para usos agrarios. El grado de cumplimiento de estos objetivos es tributario de los criterios de reparto del agua disponible, y por tanto de la gestión de las reservas hidrológicas. El objetivo de este trabajo es evaluar la actual regla de asignación de dotaciones agrarias, obteniendo estimaciones sobre el grado probable de cumplimiento de los objetivos de garantía presentes en la planificación de la cuenca. La metodología seguida para hacer esta evaluación integra tres modelos. El primero permite conocer la probabilidad asociada de cada determinado nivel de reservas de embalse. El segundo descubre el modelo de decisión seguido en la cuenca para definir las dotaciones de los regantes. La aplicación secuencial mediante técnicas de simulación a estos modelos permite conocer la probabilidad asociada a tener una determinada dotación y por tanto conocer el grado de cumplimiento de estos criterios. Se ha empleado un tercer modelo de programación matemática dinámica que permite evaluar las implicaciones del cumplimiento o no de la garantía de suministro sobre variables económicas relevantes de las explotaciones de regadío. Se presenta además una aplicación de este modelo para evaluar el efecto sobre la garantía de suministro de una nueva política tarifaría que siga las recomendaciones establecidas en la Directiva Marco. Los resultados revelan que, con las actuales reglas de reparto seguidas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, los criterios de garantía de suministro a los regantes establecidos en la planificación de la cuenca tienen una probabilidad baja de cumplimiento, lo cual es coherente con los estudios posteriores elaborados para el Plan Hidrológico Nacional. La aplicación de una tarifa que suponga la recuperación de los costes conllevaría una mejora factible del cumplimiento de estos criterios, máxime ante escenarios de cambio climático adversos.