La lucha contra el cambio climático a través de la contratación pública local: la influencia del Pacto de las Alcaldías en el desarrollo de infraestructuras.

Abstract

[ES] El sector de la construcción juega un papel fundamental en el desarrollo tanto social como económico de las sociedades, en la actualidad representa alrededor del 5,8% del PIB de España, por lo tanto, al ser un mercado de tanto alcance es necesario que adopte soluciones sostenibles en todos sus niveles.

La contratación pública es una herramienta importante para la aplicación de políticas públicas, en España se rige por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, la cual impulsa a los diferentes órganos a considerar criterios ambientales y sociales como criterios de adjudicación o como condiciones especiales de ejecución en los procesos de contratación pública. En cuanto al sector de la construcción, mediante la contratación pública verde o ambientalmente sostenible, se busca reducir el impacto ambiental derivado del mismo.

Con el objetivo de contribuir en la lucha contra el cambio climático, la mayor parte de los ayuntamientos de España se han adscrito al Pacto de las Alcaldías, iniciativa de la Unión Europea que tiene tres ejes claros, mitigación, adaptación y lucha contra la pobreza energética. Los ayuntamientos adscritos unen esfuerzos y presentan su Plan de acción, que incluye medidas a ser ejecutadas relacionadas a diferentes sectores y que van en concordancia con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Para evaluar el impulso de la lucha contra el cambio climático mediante la contratación pública en los ayuntamientos adscritos al Pacto de las Alcaldías, es importante analizar en sus procesos de contratación de obra pública, los criterios de adjudicación relacionados a sostenibilidad ambiental y los pesos que han sido asignados.

Es de recalcar que se están considerando criterios ambientales como criterios de adjudicación en los procesos de contratación de obra pública en España, sin embargo, es un área que se debe seguir fortaleciendo, de manera que la contratación pública pueda ser considerada verde, sostenible, respetuosa con el ambiente y cumpla a cabalidad su rol como herramienta de lucha contra el cambio climático.

[EN] The built environment plays a pivotal role in driving the social and economic progress of societies. Currently, it constitutes approximately 5.8% of Spain's GDP, underscoring its substantial influence. Given its expansive reach, it is imperative for the sector to embrace sustainable practices across all facets.

Public procurement stands as a crucial instrument for realizing governmental objectives. In Spain, it operates under the framework of the Law on Public Sector Contracts, enacted on November 8, 2017 ("Ley 9/2017"), which encourages entities to integrate environmental and social criteria into procurement processes either as selection parameters or special execution conditions. Particularly within the construction sector, emphasis is placed on adopting green or environmentally sustainable practices to mitigate its ecological footprint.

In a bid to combat climate change, a majority of Spanish municipalities have aligned with the Covenant of Mayors, an initiative spearheaded by the European Union with distinct objectives: mitigation, adaptation, and addressing energy poverty. Through this alliance, municipalities collaborate to devise Action Plans outlining measures aligned with the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals, spanning various sectors.

Assessing the efficacy of climate change mitigation efforts via public procurement within Covenant of Mayors-affiliated municipalities necessitates a thorough examination of their processes. This includes scrutinizing the selection criteria pertaining to environmental sustainability and the corresponding weighting allocated to these criteria.

While strides have been made in integrating environmental criteria into public procurement processes in Spain, there remains a need for continuous enhancement. Strengthening these measures is imperative to ensure that public procurement practices are truly green, sustainable, and environmentally friendly, thereby fully realizing their potential as a potent tool in combating climate change.