Resumen:
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La implantación de la Sociedad de la Información y del Conocimiento ha puesto en el
primer plano la necesidad de desarrollar las infraestructuras que permitan prestar los servicios
que las hacen posibles y que demanda ...[+]
La implantación de la Sociedad de la Información y del Conocimiento ha puesto en el
primer plano la necesidad de desarrollar las infraestructuras que permitan prestar los servicios
que las hacen posibles y que demanda el ciudadano.
En los últimos años, la mayor parte de las corporaciones locales han venido, por un
lado, demandando la prestación de estos servicios en su territorio, y por otro, interviniendo,
como con otras infraestructuras de interés general, en el proceso de autorización para su
instalación y funcionamiento.
Este despliegue de infraestructuras de telefonía móvil ha estado acompañado de dos
factores que lo diferencian de otros similares:
- La rapidez con la que se han instalado las infraestructuras e incorporado los servicios
a los hábitos de vida y trabajo
- El rechazo social a las antenas (estaciones base) por el pretendido efecto sobre la
salud de los campos electromagnéticos relacionados con las mismas, con el consiguiente
efecto sobre las políticas municipales de autorizaciones.
Este último factor ha contribuido a que desde 2001 se haya producido una ralentización
del despliegue necesario para asegurar la calidad de los servicios y la extensión de la
tecnología 3G (estándar UMTS). Esta situación, que amenaza la convergencia española con
los países de referencia en Europa, es un fenómeno que implica una contradicción que interesa
resolver tanto a las administraciones públicas, y particularmente a las corporaciones locales,
como a las empresas del sector: la creciente demanda de servicio, y por lo tanto de
infraestructuras de telefonía móvil por un lado, y la dificultad de obtener las licencias
municipales de obras o / y funcionamiento que son necesarias para asegurar la legalización de
la red por el otro.
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