Potestad sancionadora A.A.P.P. Estudio aplicación artículo 94 Reglamento General de Circulación

Abstract

[ES] Hoy en día, la potestad sancionadora juega un papel muy importante en las relaciones entre la Administración y los ciudadanos, porque la misma incluye, no solo la facultad de la administración para hacer cumplir la Ley sino garantías para esos ciudadanos, de manera que la Administración no les atropelle en el ejercicio de sus competencias. Gracias a los principios que rigen la potestad sancionadora y el procedimiento sancionador, los ciudadanos pueden sentirse protegidos ante conductas de la Administración que constituyan arbitrariedad o desviación de poder, y además ante cualquier ilegalidad administrativa pueden no solo oponerse ante los propios órganos administrativos sino, finalmente, solicitar un revisión de lo actuado ante el orden jurisdiccional de lo contencioso-administrativo. El ejercicio de la potestad sancionadora se llevará a cabo de través del pertinente procedimiento y esta potestad se ejercerá por el órgano que la tenga expresamente atribuida. Para ejercitar la potestad sancionadora es necesario cumplir con una serie de principios. Estos principios son heredados del derecho penal, e inspirarán y condicionarán todo el procedimiento. La sanción es un castigo impuesto por el poder del Estado como consecuencia de una conducta ilegal, que consistirá en la privación o restricción de bienes y derechos. Este castigo puede ser impuesto tanto por el poder ejecutivo como por el poder judicial, como reconoce nuestro ordenamiento jurídico en la Constitución de 1978. En la actualidad la ordenación de la potestad sancionadora de nuestra Administración Pública viene regulada en la Ley 40/2015, del Régimen Jurídico del Sector Público, en los artículos 25 al 31, y el procedimiento administrativo común viene regulado en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ley que derogó expresamente a la Ley 30/1992, de procedimiento administrativo común, que fue publicada el 2 de octubre de 2015, y entró en vigor al año de su publicación, en 2016. Por último, en el presente trabajo demostraremos mediante un caso práctico como la Administración del Estado, a través de una relación codificada de infracciones que utilizan las Jefaturas Provinciales de Tráfico de España, está incumpliendo la Ley.